¿Impuesto sobre los datos o impuesto sobre el valor añadido?

Los ciudadanos y las empresas deben preguntarse: ¿cuál es el valor de los datos y quién se los está robando? La segunda parte de la pregunta se aborda en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Esto significa que se aplican las mismas normas a todos los que quieran monetizar datos sobre productos y servicios personalizados. Los ciudadanos de la UE pueden rechazar el precio de pagar con sus datos una oferta perfectamente adaptada.

El GDPR salvaguarda los derechos de los ciudadanos y regula la competencia. Se trata de generar ideas a partir de los datos. Los datos desarrollan así un valor.

Sin embargo, determinar este valor sigue siendo difícil. Algunas empresas consignan los datos como valor patrimonial en el balance al inicio de un proyecto. Esto debería reforzar a los partidarios de un impuesto sobre los datos.

Sin embargo, el valor inicial refleja más bien la expectativa de creación de valor. Mientras no pueda determinarse un valor inicial exacto, un impuesto sobre los datos sigue siendo arbitrario.

A menudo, la información importante sólo surge cuando los datos se evalúan, se combinan con otros y se vuelven a analizar. Por tanto, el factor decisivo es la utilización de los datos.

En este contexto, la justicia y la solidaridad deben seguir conformando nuestra sociedad civil. El intento de la UE de modificar el impuesto de sociedades para que Amazon, Google, Facebook y compañía tributen por sus beneficios allí donde los generan es un paso en esta dirección.

La segunda iniciativa de la UE se denomina "Impuesto sobre los Servicios Digitales" y pretende gravar las ventas digitales. Aún no hay acuerdo a la vista para ninguna de las dos iniciativas de la UE.

Esto deja la oportunidad de tener en cuenta un hecho esencial en la búsqueda del compromiso: los mundos físico y virtual se están difuminando, lo que está desplazando la creación de valor, también dentro de una empresa.

En el futuro, ¿pagará un fabricante de maquinaria más o menos impuestos por sus máquinas que por sus servicios digitales, por ejemplo el mantenimiento predictivo?

En el futuro, se tratará de gravar la creación de valor de forma justa, independientemente del modelo de negocio que se utilice. La igualdad de oportunidades en un sentido diferente también podría crearse con una obligación progresiva de compartir datos, como ha puesto en juego Viktor Mayer-Schönberger, profesor del Oxford Internet Institute.

Por tanto, quienes hayan alcanzado cierto poder de mercado tendrían que compartir algunos de sus datos con la competencia. Aquí se programaría una resistencia, un argumento de apoyo: las inversiones en infraestructura informática y tecnología que permiten la recogida y el análisis de datos deben gravarse, pero no penalizarse, como ocurriría con la supuesta obligación solidaria de compartir datos.

Porque, además de los costes de inversión y funcionamiento, también hay que tener en cuenta los costes de contratación de científicos de datos, por ejemplo, que hacen que los datos sean utilizables, es decir, monetizables. Por tanto, los datos no son gratuitos para las empresas, aunque los usuarios los cedan voluntariamente.

La ciencia debe tener en cuenta este aspecto. El Canciller les pidió que desarrollaran un impuesto sobre los datos. Es de esperar que los científicos piensen en una "solución global" para trasladar un modelo fiscal al mundo digital. Una normativa europea no basta.